Jesús Vázquez
CANCÚN, Q. Roo
Comunidades mayas apicultoras y diversos organismos civiles, denunciaron el pasado 25 de julio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la siembra de soya transgénica en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, está afectando la vida, integridad, salud y el medio ambiente sano de las comunidades mayas.
Acompañan esta denuncia: la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Greenpeace México; Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C.(Indignación); y Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos A.C. (Litiga OLE).
Al respecto, Leydy Pech, representante de las comunidades mayas, manifestó que la implementación del proyecto para la siembra de soya transgénica en el territorio maya atenta contra sus derechos y cultura. “Hemos visto que con la siembra de esta soya se han perdido plantas medicinales, árboles vitales para las abejas, animales, e incluso se han destruido sitios arqueológicos. Al perderse esto se lastima la identidad maya y se nos priva de la posibilidad de transmitir ese conocimiento a nuestros hijos”.
Por su parte, María José Veramendi, abogada de AIDA, señaló que “El Estado mexicano tenía la obligación de aplicar el principio precautorio y tener en cuenta los riesgos para la salud que conllevaba el uso del herbicida glifosato y la siembra de soya transgénica”.
No se les consultó
Las comunidades no fueron consultadas ni dieron su consentimiento, previo e informado antes de que el Estado mexicano otorgara permisos para la siembra de soya genéticamente modificada en su territorio. Además, dicha siembra ha afectado gravemente al cultivo de abejas para la obtención de miel, práctica histórica y tradicional de la zona, y una de las fuentes principales de sustento para las comunidades, expresó Cemda en un comunicado. Además de la solicitud de medidas cautelares, las organizaciones interpusieron una petición en la que denuncian violaciones a los derechos al territorio y a la propiedad comunal, vida integridad personal, medio ambiente sano, trabajo y la protección judicial.
