CANCÚN, Q. ROO.- Un total de 15 casos revisa como prioridad la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) en el estado ante la serie de irregularidades cometidas desde las juntas de conciliación a fin de que los afectados puedan iniciar procedimientos legales para recuperar los terrenos, bienes y efectivo que perdieron. A la fecha, en otros dos casos, ya regresaron los bienes a sus dueños originales.
La secretaria del Trabajo en el estado, Catalina Portillo Navarro, reconoce que en algunos expedientes se trata de trabajadores inexistentes y en todos los casos, fueron juicios en rebeldía, es decir, los demandados nunca fueron debidamente notificados de que existía un juicio laboral en su contra y derivó en el remate de los bienes inmuebles o en el retiro del efectivo de las cuentas bancarias embargadas.
En julio y septiembre pasado, un grupo de investigadores de Expansión y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documentaron casos en los que exfuncionarios de la administración del gobernador Roberto Borge desde las juntas de conciliación crearon supuestas demandas laborales y en diversos casos, los trabajadores ficticios ganaban elevados sueldos para reclamar al final, sumas millonarias en pago.
De esta manera, congelaron cuentas bancarias de la editora internacional Pochteca y de la trasnacional Nestlé para obtener cinco millones y siete millones respectivamente; y en otros casos, como Lagoon Loft le embargaron 51 departamentos y Maioris Cancún 19 departamentos que fueron vendidos a precios de ganga y adquiridos por funcionarios y políticos allegados al PRI y al Partido Verde.
La secretaria del Trabajo señala que en teoría, las adjudicaciones debieron realizarse mediante licitaciones que implican difundir debidamente el remate por medio de edictos o convocatorias que realizan los actuarios de las juntas de conciliación.
Con el cambio de administración, Portillo Navarro inició la revisión de las actas de entrega recepción así como el inicio de auditorías y asegura que cuando cuenten con todos los elementos presentarán las respectivas denuncias mediante la Secretaría de la Función Pública para “que caiga, quien caiga”.
“En este momento en la Secretaría del Trabajo estamos revisando las actas de entrega-recepción y de esas estamos partiendo para hacer las auditorías correspondientes y éstas arrojarán los resultados de acciones legales inmediatas contra las personas que resulten responsables”, afirmó.
En este proceso de entrega-recepción, dijo que han aparecido algunos expedientes, que durante la anterior administración, se “perdieron”, lo que ayudará a los afectados a conocer por qué se les demandó y defenderse.
Desde el cambio de administración nueve personas se han acercado a la Secretaría para dar a conocer que los trabajadores que los demandan no laboraban con ellos y de esta manera iniciar los medios de impugnación correspondientes.
Y dos personas ya recuperaron sus propiedades, en un caso en Tulum y en otros casos, cuando los tribunales federales piden devolver a las empresarios los cheques, cuando éstos han sido encontrados en la dependencia, han sido devueltos.
Ninguna irregularidad
Algunos de los casos de despojo presuntamente comenzaron en 2011, en la administración de Borge Angulo. Al frente de la Secretaría del Trabajo y de las Juntas de Conciliación estaba Patricio de la Peña, hermano del actual diputado y dirigente estatal del Partido Verde, José de la Peña e hijo del notario No.
20, Benjamín de la Peña Mora, ante quien fue escriturada la sociedad creada por Maioris Cancún para la venta de condominios, empresa que perdió 19 departamentos valuados entre 350 mil y hasta un millón 500 mil dólares.
Patricio de la Peña, militante del PRI, fue contemplado en el equipo del verdeecologista y presidente municipal, Remberto Estrada Barba como secretario del Ayuntamiento, pero debido a estos casos de corrupción en los que presuntamente está vinculado fue desechada esa propuesta y ahora forma parte del equipo de asesores del presidente municipal.
El exsecretario del Trabajo explica que nunca detectaron ninguna irregularidad en los casos atendidos por las juntas de conciliación y arbitraje y menos aún, los presuntos afectados acudieron a él para manifestar sus quejas por los despojos de bienes y el saqueo a sus cuentas bancarias.
“Las Juntas de Conciliación dependen únicamente administrativamente de la Secretaría del Trabajo, eso quiere decir, que ellos tienen su propia autonomía, sus propias decisiones. Y como segundo punto, mientras estuve en la administración nunca tuve una queja formal ante la Secretaría del Trabajo ante esos temas que se hayan mencionado”, afirmó.
En caso de que hubieran sido presentadas las quejas, dijo que en ese momento, hubieran iniciado las indagaciones correspondientes. De la Peña fue secretario del Trabajo de 2011 a febrero del 2015 y en promedio, las Juntas de Conciliación atendieron al año más de cinco mil expedientes.
En 2015 durante una reunión privada de los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe fue denunciado que a una empresa le congelaron la cuenta y después sustrajeron el efectivo a partir de una demanda de juicio laboral, aunque en ese entonces, se reservó el nombre del afectado que luego fue identificada como la empresa Pochteca y buscaban que la federación interviniera porque en el estado no había manera de lograr apoyo.
“Cien por ciento (tranquilo) y por supuesto atenderemos cualquier situación que emane de esta situación… Ya están los nuevos jefes en la Secretaría… ellos tienen toda la capacidad para poder iniciar las indagaciones. (Virginia Próspero / QUINTANA ROO HOY)
