CANCÚN,Quintana Roo.-El presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Eduardo Martínez Arcila, afirmó que están a la espera del proceso de extradición del ex gobernador Roberto Borge Angulo para que pueda ser juzgado ante jueces mexicanos.
Al destacar que, “un amparo y un vaso de agua, no se le niega a nadie”, el legislador dijo, que la estrategia implementada por la defensa del ex gobernador Roberto Borge de tramitar nuevos amparos para evadir la justicia, son medidas suspensivas que en cualquier momento van a tener un vencimiento y no podrá seguir evadiendo la justicia.
“Estas solicitudes de amparo es para revisar si hay algo, sí dice ‘no lo toquen’, pero inmediatamente en lo que se lleva a cabo esa revisión, fenece la medida que se haya establecido”, afirmó.
También dijo desconocer que en el caso de los delitos que enfrenta Roberto Borge, no hay ningún amparo que esté deteniendo el trabajo que hace la PGR y que se está haciendo en el juicio de extradición.
Si bien, se ha hecho del conocimiento público, de que junto con el ex gobernador, otros ex funcionarios continúan en la solicitud de amparo para evadir los señalamientos en su contra y evitar ser detenidos, el legislador, fue enfático en señalar que en la misma rapidez que se emiten los amparos, dejan de tener efecto.
Trabaja FGE en demostrar la comisión de delitos
El fiscal general de Quintana Roo, Miguel Ángel Pech estimó que “a más tardar” en febrero terminaría el proceso de extradición que se lleva a cabo para conseguir la repatriación del ex gobernador, Roberto Borge Angulo y aseguró que la dependencia a su cargo hace lo correspondiente para lograrlo.
El titular de la FGE dijo que hay elementos sólidos para acreditar los delitos que se imputan a Borge. “Si los jueces en su momento nos han obsequiado las órdenes de aprehensión, quiere decir que hay elementos sólidos”, adelantó.
A pregunta expresa sobre los trámites que el ex gobernador ha iniciado para lograr el amparo, el fiscal explicó que cualquier ciudadano mexicano, pudiente o no, tiene el derecho de ejercer su defensa.
“En su momento nosotros hemos cumplido cabalmente ante las autoridades federales, en las cuales están corriendo los 60 días (para la petición) de la extradición federal. También hemos acudido directamente ante las instancias federales para completar todas y cada una de nuestras propias carpetas”, afirmó.
Sostuvo que hasta “ahora los requerimientos simplemente han sido satisfechos ante la Subprocuraduría de Asuntos Internacionales, que en su momento también, con Relaciones Exteriores, tendrán que hacer las pertinencias para autorizar o no el traslado”.
Apuntó que la extradición puede ser voluntaria, como el caso de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, que acaba de ocurrir en estos días.
No obstante, “también la ley nos marca, con base en los convenios internacionales en materia de extradición, todos y cada uno de los requisitos que se tienen que satisfacer para los casos de asuntos de orden criminal, como en este momento el estado de Quintana Roo tiene”.
Rechazó detallar los delitos que se imputan a Borge para solicitar la extradición, debido a la secrecía.
Empero, admitió, “lo que puedo decirles es que, en efecto, el Código Penal para Quintana Roo nos habla de que estos delitos, la mayoría, por no decir todos, no son de prisión preventiva oficiosa de aquellos enmarcados en el Artículo 167, ya que lo que atañe a delincuencia organizada es un delito de orden federal”.
Cuestionado sobre cuándo se vencen los 60 días para que termine el periodo para la petición, respondió que “a principios del mes de agosto deberá terminarse y nosotros ya cumplimos nuestra parte y se iniciará ese proceso de extradición”. (Saraí Reyes/QUINTANA ROO HOY)
