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7 mayo, 2024

Cancún

Restauran justicia laboral en Quintana Roo

Tribunales Laborales sustituirán a las Juntas de Conciliación y Arbitraje para evitar actos de corrupción, como los registrados en el gobierno de Roberto Borge

CANCÚN, Q. Roo.- En un año aproximadamente entrarán en operaciones los Tribunales Laborales que sustituirán a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, con las que se prevé acortar el tiempo de resolución de los conflictos a máximo un año, y sobre todo, evitar la corrupción que imperó en la administración estatal anterior.

El 24 de febrero pasado fue publicado el decreto en el Diario Oficial de la Federación para reformar los artículos 107 y 123 de la Constitución en materia de justicia laboral, y estos cambios entrarán en vigor el 25 de febrero de 2018.

A partir de ese momento, la resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de los Tribunales Laborales, que dependerán del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas.

“Los integrantes de los Tribunales deberán contar con capacidad y experiencia en materia laboral. Sus sentencias y resoluciones deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia”, especifica el decreto.

Antes de llegar a los Tribunales, de manera obligatoria los trabajadores y los patrones deberán asistir los Centros de Conciliación, que estarán especializados y serán imparciales, tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios.

CORRUPCIÓN

En la administración estatal anterior diversos empresarios señalaron que fueron víctimas de supuestas demandas laborales con empleados que nunca trabajaron en sus centros de trabajo, o incluso, presentaron dicha demanda sin que siquiera estuviera funcionando la empresa, y al no ser enterados en tiempo y forma, no pudieron defenderse y sus cuentas fueron embargadas al igual que algunos bienes inmuebles.

La secretaria del Trabajo y Previsión Social en el estado, Catalina Portillo Navarro, reconoció que desde las Juntas Locales de Conciliación fueron simulados actos jurídicos porque trabajadores inexistentes demandaron a empresas nacionales y extranjeras, y en menos de un mes ya tenían el auto condenatorio que provocó el embargo de cuentas y bienes inmuebles.

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“Como hay violaciones procesales y violaciones a los derechos humanos, les conceden el amparo para dejar inexistente todos estos actos que se realizaron en la administración pasada dentro de las Juntas de Conciliación”, aseguró la funcionaria.

En consecuencia, explicó que a los presidentes de las juntas de Conciliación y Arbitraje les correspondió presentar seis denuncias ante la Fiscalía General del Estado por los presuntos delitos de peculado e infidelidad de la custodia de documentos efectuados por el personal de las juntas –porque se extraviaron los cheques que las empresas dejaron en depósito y algunos se cobraron-.

Mientras inician operaciones los Tribunales Laborales, los Centros de Conciliación y el organismo descentralizado a que se refiere el presente Decreto, de conformidad con el transitorio anterior, las Juntas de Conciliación y Arbitraje y, en su caso, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o las autoridades locales laborales, continuarán atendiendo las diferencias o conflictos que se presenten entre el capital y el trabajo y sobre el registro de los contratos colectivos de trabajo y de organizaciones sindicales.

TRANSPARENCIA Y AGILIZACIÓN

El presidente de la Barra de Abogados, Luis Esquiel Orozco, explicó que esta solicitud de cambiar de fondo la forma de operar de las Juntas fue hecha por el sector empresarial, debido a que en algunos casos los empleados en contubernio con los abogados prolongaban la solución de los conflictos laborales para lograr un mayor beneficio económico, pero ahora el plazo máximo que debe durar es de un año.

“Los casos ya no deben tomar tanto tiempo, máximo un año (…) Las Juntas de Conciliación, a pesar de las reformas de 2012, no cumplían con dar una justicia pronta y expedita como lo marca la Constitución”, afirmó Esquiel Orozco.

En esos casos la afectación era tanto para el empleado, porque demoraban de dos a tres años las juntas para emitir un resultado del caso, como para los empresarios, porque implicaba un costo económico. (Virginia Próspero / QUINTANA ROO HOY)

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