CANCÚN, Q. Roo.- Para el representante del Consejo Nacional de la Abogacía, José Juan Chilón Colorado, los amparos promovidos por ciudadanos y asociaciones por el tema del “gasolinazo” son procedentes y hay muchas formas de interponer este recurso y puede ser contra la autoridad ejecutora, contra la autoridad que creo la Ley o contra la autoridad ordenadora.
El entrevistado, explica para Quintana Roo Hoy que en términos generales, el amparo lo que busca es revisar si la actuación del gobierno está respetando los derechos humanos de los mexicanos. En este sentido, si en la revisión del juicio se comprueba que efectivamente el Poder Ejecutivo está violentando los derechos, entonces el Poder Judicial ordena que suspenda ese acto y proteja al gobernado.
Actualmente, el formato que han hecho circular en redes sociales, ha sido repicado en al menos 2 mil ocasiones, confirmó en exclusiva el entrevistado.
Los ciudadanos se pueden ir en contra de la violación de los derechos humanos que estas autoridades puedan violentar.
El Consejo Nacional de la Abogacía ha promovido la solicitud de amparo específicamente contra la inequidad que se establece en el artículo primero constitucional y contra la violación a la igualdad en cuanto al derecho que tenemos los mexicanos que exige el gobierno en materia de combustible que debe ser responsabilidad de la autoridad ofrecer igualdad de derecho para todos.
RESPETAR LOS DERECHOS
“La ley de amparo establece que tiene 30 días a partir de la publicación de la ley que regula un nuevo acto si violenta un derecho humano, si así lo considera el gobernado o contra un acto de autoridad que restrinja los derechos humanos” dijo.
Ahora, no se trata de esperar que te devuelvan tu dinero. “El juicio de amparo busca que el Poder Judicial de la Federación revise si el acto de gobierno respeta los derechos humanos de los gobernados, no tiene nada que ver que quiera yo ciudadano un precio específico de la gasolina, ya que el juicio tiene como objetivo que la actuación del gobierno al fijar un precio”.
Ahora bien, si el Poder Judicial comprueba que efectivamente en la ley promulgada, el precio establecido o la zonificación viola tu derecho como mexicano o gobernado a la igualdad, por lo tanto, procede el amparo y entonces le otorgaría al promovente la protección federal para que esa aplicación específica de precio de gasolina o zonificación no se le aplique. Sobra decir que el precio de la gasolina lo fija el gobierno en dos partes y no la IP. (Rocío Villalobos / QUINTANA ROO HOY)
