Cozumel.- En la sesión pública de Cabildo de Cozumel, la que se llevó a cabo este lunes por la noche, la presidenta municipal, Perla Tun Pech, leyó el documento en donde exhorta a la Contraloría Municipal investigue las presuntas irregularidades llevadas a cabo por la administración de Fredy Marrufo Martín.
Informó que de las 73 cuentas bancarias reportadas en el proceso de entrega recepción; de ellas solo 44 fueron entregadas por las administración pasada; pero 29 de esas no tienen conciliación bancaria.
Sin embargo, la auditoría reveló que de las 44 cuentas entregadas con su respectiva conciliación, estas no están elaboradas hasta el 30 de septiembre, fecha en la que se recibió de manera constitucional la administración, porque no están los estados de cuenta.
Puso el ejemplo de que no hay indicios de mil 338 millones 932 mil 191 que corresponden a partidas y no están correspondidos los estados financieros. Otra de las presuntas irregularidades es que al hacer la revisión de registros, hay dos cuentas de CI Banco, a las que fueron omitidas en los anexos de la entrega recepción.
Señaló la omisión de la administración de Fredy Marrufo para recuperar o cobrar “Derechos a recibir efectivos, o equivalentes, o bienes y servicios”, porque existen saldos deudores de trienios anteriores. Además que “La cuenta de orden y control, a cargo de deudores diversos carece de registros contables al 30 de septiembre del 2016”.
Pero el desfalco mayor está en “afectación de ejercicios anteriores y gastos por comprobar y otras partidas”, que están sin sustentos por la cantidad de 50 millones 369 mil 269 pesos.
“Faltan contratos y convenios de bienes y servicios de proveedores cuyos contratos exceden los 75 mil pesos cada uno. Por otro lado identificamos que los despachos Mancera SC, Albornoz Ortiz y Asociados SCP y Corporativo Administrativo de Servicios SCP, no cumplieron con la prestación de sus entregables; sus contratos en conjunto ascienden a la cantidad de 5 millones 711 mil pesos antes del IVA”.
CUENTAS POR COBRAR
En este rubro, mediante oficio ASE/OASS/PCS/000551/08/16, la Auditoría Superior del Estado (ASE) informó que a la fecha de agosto 2016 se concluyeron las observaciones y que había concluido las auditorias 2013-2014-2015, sin embargo la alcaldesa denuncia que del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016 se eliminó el registro de esas cuentas.
Además en el rubro de cuentas por pagar, hasta el 30 de septiembre, no existe huella en el sistema de nómina o no registraron debidamente el pago a trabajadores por subsidios al empleo, como tampoco existe la traslación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) o pagos al Foviste, al Issste, al IMSS o al SAT, siete días antes de la entrega, con el ISSSTE se firmó un convenio sin que se cumplan las formalidades legales y no hay certeza jurídica para el adeudo de 62 millones 171 mil 757 pesos.
La presidenta también ofreció pruebas que presuntamente dañaron la economía de Cozumel al no comprobar gastos de pasajes, viático, premios y recompensas, material eléctrico que no cumplen y asciende a un monto de un millón 684 mil 122.23 pesos. También no se destinó el recurso cobrado por la Zofemat para la recuperación, conservación y mantenimiento de las playas, “no se encontró orden contable aplicable a la normativa”.
TAMBIÉN EN EL DIF
Perla tun continuó con la lectura del documento dirigido al Auditor Superior, Javier Zetina González a quien solicitó se audite el periodo administrativo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016 del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) donde presuntamente existieron “aviadores”, como el presunto depósito hecho a nombre de Felipe Hermilo Hernández Vivas por 54 mil 700 pesos; además de la comprobación de gastos del 2014 por la cantidad de 61 mil 870 pesos.
“La primera quincena de enero a la segunda de septiembre de 2016, 18 trabajadores cobraron en dos nóminas, en la del DIF municipal pagada con recursos del municipio y en la de Apoyo a DIF, pagada con recursos de la dependencia por 399 mil 700 pesos”.
Concluye al decir que le corresponde investigar los actos que corresponde alguna conducta ilícita en el patrimonio de la hacienda pública, así como fincar las responsabilidades resarcitorias, del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016, solicita sin prejuicio de investigaciones que la Contraloría Municipal y el ASE tomen cartas en el asunto. (Por Rafael Acevedo / Quintana Roo Hoy)
