CIUDAD DE MÉXICO.- A partir de octubre, tres gobernadores ponen en jaque la credibilidad en el sistema político.
La fuga de Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, el 15 de ese mes, termina por destapar un entramado de corrupción del que se hablaba desde meses antes sin que la justicia interviniera.
Tras su huida, la Procuraduría General de la República (PGR) lo acusa de asociación ilícita, lavado de dinero y desvío de 35 mil millones de pesos. Luego anuncia una recompensa de 15 millones de pesos para quien ayude a su localización.
Paralelamente a este caso, afloran acusaciones similares en contra de Roberto Borge Angulo, ahora ex gobernador de Quintana Roo, a quien se acusa de vender a precios irreales reservas territoriales del estado a sus familiares. A mediados de este mes, el tricolor le suspendió la militancia.
César Duarte Jáquez, ex gobernador de Chihuahua, es otro para los que se pide la aplicación de la justicia. Además de una deuda millonaria y derroche de recursos en publicidad, también se le acusa de empresas fantasma. Hasta ahora las autoridades niegan tener algún proceso en su contra.
En cambio, sí se ofrece una recompensa por Tomás Yarrington Ruvalcaba, ex gobernador de Tamaulipas acusado de nexos con el narcotráfico. La PGR afirma que no lo encuentra desde 2012.(De la Redacción / QUINTANA ROO HOY)
