CANCÚN, Q. ROO.- Los despojos en Tulum operados por las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje pasaron de ser un asunto administrativo a un asunto penal, aseguró el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, quien dijo que hay suficientes elementos ya para poder enjuiciar a funcionarios y ex funcionarios involucrados en estos delitos.
“Recibimos con enorme pena el reporte de que bajo el manto de la legalidad, el uso de las Juntas de Conciliación y el uso del derecho laboral se generaron actos de pérdida de patrimonio y que esto generaba una gran incertidumbre a la inversión y violación de derechos a particulares que legítimamente habían hecho esfuerzos para poder hacer algo, o para poder invertir y generar empleos”, aseguró durante una visita este fin de semana a Cancún.
Desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se ha dado vista al Ministerio Público para iniciar los procedimiento resarcitorios correspondientes, pero además el tema está siendo visto muy de cerca por la Asociación de Industriales de México y la propia Secretaría de Turismo ya que se afectó la imagen de un estado que es ventana de México hacia el mundo, que además capta millones de dólares en inversión inmobiliaria, dijo.
“No fue un tema que hicieron novatos; fue muy bien pensado; fue muy bien estudiado, muy bien tutelado, y desde luego habrá que tomar medidas ejemplares”, aseguró.
Casos en norte y sur del estado
Cabe recordar que se logró documentar en diversos medios de circulación nacional casos en los que funcionarios de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en Tulum ejecutaron procedimientos de embargo de hoteles a favor de particulares que aseguraban haber sido empleados de dichos inmuebles con sueldos de 753,234 pesos mensuales. La demanda por despido injustificado derivaba en el embargo del inmueble. La Asociación de Profesionales Inmobiliarios de Quintana Roo informó hace una semanas que los despojos de hoteles en Tulum habían obligado a que miembros de ese organismo se tuvieran que negar a comercializar inmuebles que estén involucrados en juicios laborales, como medida de seguridad para evitar futuros conflictos que deriven en desalojos.
Wexford James Tobin Cunningham, dirigente de AMPI-Cancún tenían identificados alrededor de 60 casos de despojos de hoteles e inmuebles turísticos en Cancún, Tulum y Chetumal en los que de manera insólita hay invariablemente un laudo laboral de un juez que ordena la desocupación del edificio o terreno para que éste sirva de pago por indemnización a un trabajador que tuvo relación en el pasado con el dueño del terreno. Además de exigir que los casos se esclarezcan de manera pronta y expedita, dijo que AMPI por el momento está poniendo candados a la comercialización de predios en los que haya algún juicio laboral en proceso, pues es la única forma de garantizar certeza jurídica a quien desee adquirir una propiedad en el estado.
Recordó que los referidos desalojos de 16 hoteles en Tulum, en los que hay acusaciones directas de despojo que involucran a las juntas de Conciliación y Arbitraje de Quintana Roo, se han presentado absurdos tales como el que los empleados que ganaron el juicio laboral declararon que tenían sueldos de más de 700,000 pesos mensuales, lo cual únicamente podía ser resarcido con el embargo de un hotel boutique completo.
Insistió en que de no esclarecerse de manera pronta estos casos, la imagen del caribe mexicano podría verse lastimada, y muy específicamente su imagen como polo de inversión inmobiliaria, pues está quedando en entredicho la certidumbre jurídica de quienes deseen invertir en Quintana Roo.
(Jesús Vázquez / QUINTANA ROO HOY)
