En este espacio hemos tratado, de manera meticulosa, el riesgo de que México sea considerado entre los estados fallidos, esto es una condición que no se atribuye, por ejemplo, a Venezuela, en donde la democracia ha hincado las rodillas, ni a Colombia, pese a sus antecedentes brutales y la enorme dificultad de conciliar a los radicales con su gobierno. En cambio, no puede negarse que el calificativo no puede soslayarse en nuestro país considerando la evidente pérdida de los controles sobre las mafias organizadas y la sospecha acerca de que el poder de fuego de éstas sea equiparable al de las instituciones armadas cuyas misiones, hasta el sexenio de Carlos Salinas, parecían constreñidas a actos heroicos de rescate en las regiones devastadas por el paso de los meteoros naturales.
No es el caso actual, desde luego, aun cuando se estima que los sicarios al servicio de las mafias superan en número a los elementos del ejército y la armada con todo y la negada infiltración de personal estadounidense en sendas secretarías como se descubrió desde el periodo calderonista, el de la barbarie, si bien ahora podría ganarle la partida en el renglón el régimen peñista. Los momios sobre el particular están, francamente, muy cerrados.
Palabras van y vienen; anuncios de “cuestiones importantes” que parecen atole con el dedo; demagógicas afirmaciones sobre las buenas intenciones oficiales acaso para paliar la crispación colectiva; falsa preocupación en el gabinete central respecto a las consecuencias de la negligencia oficial, por ejemplo la de la Comandancia de la XXVII Zona Militar en Iguala, en donde todo lo vieron sin intervenir en lo absoluto bajo alegatos insostenibles; las evidencias, fotografiadas y videofilmadas –la modernización ha convertido a cada ciudadano en reportero–, sobre soldados vestidos de civil trasladados a los sitios neurálgicos para descalificar a las manifestaciones de protesta.
