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25 abril, 2024

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Auditarán a 84 borgistas

Columna por Amir Ibrahim

Este miércoles fue un día negro para 84 exfuncionarios de la pasada administración estatal y municipal, ya que el auditor Superior del Estado, Manuel Palacios Herrera, informó que presentarán 27 denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en su contra, aunque no dio nombres con el fin de no entorpecer las investigaciones.

Esta noticia que ya era bola cantada se venía esperando desde hace semanas debido a que la aprobación de las cuentas públicas del 2015 y 2016 se dio de manera fugaz por la legislatura XIV.
Ahora, recapitulemos quiénes están en la lista negra: el extitular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural (Sedaru), ahora Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpe), Luis Alberto González Flores, quien solicitó un amparo tras los señalamientos de un desfalco de 5 mil millones de pesos; también solicitó apoyo del gobierno federal el extitular de la Secretaría de Finanzas, (Sefiplan), Juan Pablo Guillermo, pero éste al final se dio a la fuga, ya que tendría que dar cuentas sobre a dónde fueron a parar mil 400 millones de pesos.

Otra de las funcionarias que a toda vista demostró incapacidad para dirigir el Instituto del Patrimonio Estatal (IPAE) es Claudia Romanillos, ya que muda se quedó cuando no supo responder ante las pruebas que presentaron los diputados sobre los malos manejos que se hicieron por el remate ilegal de predios públicos en beneficio de un selecto grupo de familiares y personajes afines al exgobernador Roberto Borge.

Y así podríamos seguir con cada uno de los que dirigieron instituciones como la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), la Secretaría de Salud, (Sesa), VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S. A. (Vip Saesa), el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), aunado a los gobiernos municipales de la entidad en los que poco claro quedó el manejo de los recursos.

Este es el trabajo que se esperaba hiciera la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo y al cual Javier Zetina le “sacó” pues significaba transparentar las finanzas. Es la primera vez en la historia del estado que se presentan pruebas de esta magnitud y no se maquillan las cifras.

Con estas nuevas demandas el grupo borgista vuelve a temblar resultado del mandato requerido por la XV Legislatura a la Aseqroo, en el que el mismo exmandatario, ahora preso en Panamá, se debe de estar mordiendo las uñas por si llegó a creer que no podrían solidificar las acusaciones en su contra.

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