“Muéstreme su orden de presentación o desalojo y con todo gusto vamos a retirarnos. Esta es tierra de indígenas y no pasan”, retó Andrés Manuel López Obrador al segundo comandante Fernando Muñoz Martínez, que traía a su cargo unos 700 policías antimotines para deshacer el bloqueo que chontales mantenían a unos metros adelante, aquél 7 de febrero de 1996.
Arriba, un helicóptero sobrevolaba la carretera que conducía a los campos petroleros Sen, donde desde hacía días ningún trabajador, pipa o tráiler pesado entraba.
Pese a ese ambiente represivo, habitantes del poblado llegaron a reforzar el plantón, ante esta estrategia de resistencia civil instrumentada por López Obrador para exigir a Pemex indemnizaciones a los indígenas chontales por los daños ocasionados por la actividad petrolera en sus cultivos.
“No, nosotros no traemos orden, vamos a pasar”, respondió uno de los subalternos de Muñoz Martínez.
“Bueno, pues si quieren pasar tendrán que hacerlo por encima de nosotros”, desafió López Obrador. Enseguida el mando policiaco se comunicó con su superior y esperó una nueva instrucción, vía radio.
De un lado del puente tubular, los policías estaban bien provistos de toletes y escudos. Estaban respaldados por elementos de Policía Judicial Federal, al igual que el Ejército. La Procuraduría General de la República (PGR) había pedido el desalojo, a partir de una denuncia por presuntos daños al patrimonio nacional.
Del otro lado, estaban hombres, mujeres y jóvenes humildes que aguardaban en ese tramo. Algunos habían agarrado unos palos de cocoíte y piedras por mero instinto.
En medio de esa incertidumbre, Andrés Manuel López Obrador y los líderes naturales de las comunidades chontales con un lábaro patrio al frente del contingente repentinamente empezaron a entonar el Himno Nacional.
Apenas iban unas estrofas, cuando el helicóptero, en el que iba a bordo Wilfrido Robledo, titular entonces de la Secretaría de Seguridad Pública, dio un sobrevuelo más cercano a los perredistas y sobrevino el ataque de los uniformados.
Un comandante de tierra ordenó disparar gases lacrimógenos que rompieron el cero del bloqueo. Fue en ese momento cuando Andrés Manuel recibió un toletazo en la cabeza que lo aturdió y cuestión de segundos una hilera de sangre chorreó por su frente y manchó su camisa. Sus compañeros lo metieron a un “vocho” en los linderos de don Marciano, el herrero del ejido Corriente.
Momentos después, el líder regresa a la orilla de la carretera y le toca ver con los brazos cruzados, el tráfico del parque vehicular de Pemex hacia el campo Sen.
Los chontales habían reaccionado en las inmediaciones de sus tierras con forcejeo y lanzando piedras apenas y en cuestión de minutos, cedieron al ser sometidos a golpe de toletes y escudos.
Un grupo antimotines sacan las motosierras y comienzan a destruir las tiendas de campaña improvisadas. Fue una maniobra en el que los policías, además del desalojo, se abocaron a aprehender a los líderes perredistas, menos a López Obrador. “Al halcón no lo toquen”, se escuchó en voz de uno de los jefes.
Así, al menos siete perredistas fueron detenidos en flagrante delito. Entre ellos Rafael López Cruz, entonces dirigente estatal del PRD, y Dorilián Díaz Pérez, director de Desarrollo del Ayuntamiento de Nacajuca. AMLO no fue aprehendido a pesar de haber permanecido más de una hora en el lugar.
“Después de Guatacalca se tomó la decisión de poder cerrar otros pozos petroleros en el estado”, recuerda Javier May, quien es actualmente es alcalde de Comalcalco, con la siglas de Morena.
Ese el miércoles 7 de febrero de 1996, estaban tomados más de 60 pozos en todo la entidad, con bloqueos y manifestaciones en los municipios de Cunduacán, Jalpa de Méndez, Cárdenas y Centla, donde también hubo operativos policiacos de desalojo violentos.
“A nosotros nos tocó bloquear en parte el municipio de Comalcalco. Nos tocó la represión, nos tocó cárcel. Nos ha tocado todo: desalojo, gas, lesiones”, dice a manera de reflexionar el pasado de un partido, que ya no cierra campos petroleros en Tabasco.
Fue otro de los episodios de represión del régimen del gobernador Roberto Madrazo al movimiento de López Obrador.
El entonces presidente nacional del PRD, Porfirio Muñoz Ledo, reaccionó ante esta represión y exigió que intercediera la Secretaría de Gobernación. “Para restituir el Estado de derecho en Tabasco, es necesario que el Gobierno asuma su responsabilidad y esclarezca el desvío de 277 millones de pesos de Petróleos Mexicanos en favor del gobernador Roberto Madrazo”, reclamó además Cuauhtémoc Cárdenas en un mitin en la capital del país. Arturo Núñez, subsecretario de Gobernación de aquél entonces, fue el mediador y quien solucionó el conflicto socio-político, al establecer una mesa de diálogo y lograr los primeros acuerdos para indemnizar, ante una crisis que se le había salido de las manos a Madrazo.
