El ministro oficiante del Sacro Rito de Bucareli, Miguel Ángel Osorio Chong (MAO), pidió ayer a la feligresía, escamada por la aparición de nefastos signos en el proceso contra el presunto pecador extremo, Javier “N” (también mencionado en las escrituras, judiciales, como Javier Duarte de Ochoa), que tengan fe. Es decir, que se tenga confianza en los buenos hombres de la Procuraduría General de la República (y de la secretaría de hacienda, que también participa en el ayuno jurídico a favor del veracruzano). Fe, que, según el diccionario de la Real Academia Española, en su primera acepción, es definida así: “en la religión católica, primera de las tres virtudes teologales, asentimiento a la revelación de Dios, propuesta por la Iglesia”.
Mala, llegando a pésima, ha de ser la realidad de una institución, la PGR, que teóricamente es la encargada de “ investigar y perseguir los delitos del orden federal”, cuando, en lugar del estricto apego a la ley, y el riguroso cumplimiento de los procedimientos adecuados, se invoca la fe como único asidero posible para enfrentar las fundadas acusaciones y sospechas de que esa procuraduría, y el gobierno federal en sus áreas conexas (con Los Pinos como centro de decisiones) están cometiendo tales y tantas pifias que pareciera que están programadas para favorecer a su presunto adversario, un exgobernador tildado de ladrón y delincuente en general, en un trote judicial intencionalmente fofo, complicitario con el acusado.
El propio MAO, en otra de sus facetas, había reconocido en otra parte de su alocución de ayer que “la ley no es un asunto de fe, es un asunto de norma que hay que prepararse para dar seguimiento a este tema tan importante para la sociedad mexicana. Entonces, la PGR habrá de tomar todas las acciones y entregar cuentas a la propia sociedad “ Dejando a un lado la sintaxis del secretario 8ng, sabidamente ingobernable, queda de manifiesto que el delicado tema de la siembra de errores a favor del imputado “N” de Ochoa es de tan difícil abordaje declarativo que el susodicho secretario se ha encomendado a la Santa Chimoltrufia: como dijo una cosa (que le tuvieran fe a la PGR del amigo de Peña Nieto, Raúl Cervantes Andrade), dijo otra (que “la ley no es un asunto de fe”). O, a lo mejor, tal vez sí y tal vez no (esta columna se suma, alborozada, al contradictorio estilo discursivo MAO), lo que los mexicanos deben tener es fe, pero en la próxima fe de erratas: “usted disculpe, doctor Javidú” (claro, luego que pasen los comicios presidenciales del año próximo, pues, liberar antes a “N” Duarte de Ochoa, o colocarlo en la antesala de una salida, sería desastroso en términos electorales. Presencia y, luego, ausencia, con la ayuda de “Presidencia”).
Ayer se cumplió una semana de la tragedia que dejó dos muertos en un socavón del libramiento de Cuernavaca, denominado Paso Exprés. En este lapso se han acumulado evidencias gráficas y técnicas de la irresponsabilidad criminal de constructores privados y de funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con un enorme tufo a corrupción sistemática, en cuanto a esa y otras vías federales de comunicación.
Hasta ahora, el saldo burocrático más relevante ha sido el despido del director del centro de la SCT, José Luis Alarcón, un directivo y propietario de una cadena de escuelas de idiomas, a quien las relaciones amistosas llevaron a ocupar un cargo en el que el presupuesto público es enfilado aplicadamente a negocios particulares que benefician a esos funcionarios y a sus jefes políticos. Alarcón fue propuesto a la SCT por el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, y, además, tiene productivas conexiones con personajes del entorno del secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
A pesar de todo, el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, se mantiene en su puesto, organizando estudios, peritajes y dictámenes (en quince días habrá algunos resultados técnicos). Intocable en cuanto ha sido una pieza fundamental en el engranaje oscuro del grupo político al que pertenece, Ruiz Esparza apuesta al paso del tiempo, a la prevista disminución del enojo social y al auxiliar revuelo de novedades corruptas (en turno, la de Duarte de Ochoa). Mientras tanto, los negocios siguen adelante, con la vista puesta en la contribución sectorial a las campañas priistas de 2018.
Entre las propuestas de Estados Unidos para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte está la de establecer fórmulas que impidan a México tomar decisiones por sí mismo respecto a políticas cambiarias. Al respecto, Angelina Mejía entrevistó para el portal Don Dinero a especialistas que alertaron respecto al riesgo que significaría el ceder a esas pretensiones. Alfredo Coutiño, director de Moody’s Analytics para América Latina señaló que, de aprobarse dicha intención de Washington, México “dejaría que la política monetaria dependa de las decisiones de intervención de la Reserva Federal de Estados Unidos” (https://goo.gl/i6ETw9 ).
De cara a unas elecciones federales que se prevén muy reñidas, la élite decisoria del Instituto Nacional Electoral parece no sólo débil e impreparada sino, sobre todo, fuertemente tocada por la percepción de que, su actuar es faccioso, manipulado y torpe. Los consejeros electorales, con una que otra excepción, actúan abiertamente como representantes ejecutivos de los grupos políticos que les colocaron en tan jugosos cargos.
Ante esas circunstancias, se ha alzado la voz de políticos de oposición, en un abanico que va de Andrés Manuel López Obrador a Emilio Álvarez Icaza, pasando por Cuauhtémoc Cárdenas, que consideran imprescindible la renovación de ese cuadro de consejeros electorales. De otra manera, desde ahora estarán instaladas las reticencias y la desconfianza, que no alcanzan solamente al consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello.
Y, mientras Miguel Ángel Mancera se la pasa más en giras de proselitismo (ayer, en Chihuahua), repartiendo bienes de la CdMx (patrullas, por ejemplo) como si en la demarcación que “gobierna” no hicieran tanta falta, ¡hasta mañana!
