He aquí navegando en las aguas congresistas y su crisis política tras un año de la gestión del cambio. Y es que inducidas o no las aguas bravas, ipso facto se desbordaron a partir de las comparecencias de los secretarios del gabinete de Carlos Joaquín González, la designación de la yucateca Aída Leticia León como nueva titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Quintana Roo, y la Iniciativa de la panista Eugenia Solís Salazar para evitar abrogar la Ley “Borge” en relación a la protección de Periodistas y activistas de Derechos Humanos; y por si fuera poco, la efervescencia por los comicios del 2018.
Pero toquemos tierra firme punto por punto. Sobre las comparecencias de los Secretarios, el ajuste de cuentas tiene diversos móviles, que van desde la relación personal del Secretario con los integrantes del Congreso del Estado, su vinculación política con la Comisión legislativa que le corresponda, sus alianzas políticas a propósito de su sector, la fuerza y protección que tenga del titular del Ejecutivo, los intereses políticos y económicos de los diputados, hasta sus cartas de navegación en relación al proceso electoral que se avecina.
Con estas aguas calientes, los vientos de tormenta sacudieron el Congreso con la designación de la yucateca Aída Leticia León como nueva titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Quintana Roo, lo que generó la inconformidad de los colegios de profesionistas quintanarroenses que han sido desplazados o no han tenido oportunidad profesional en el gobierno del cambio. Por ello, su dirigente, el chetumaleño Joaquín Oliva Alamilla protestó ante la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos que preside Mayuli Martínez Simón.
Es difícil, no es viable en lo político que los diputados retrocedan en la designación que tomaron en el pleno, entre varias razones porque la decisión responde a la estrategia marina del Poder Ejecutivo en materia de Procuración de Justicia. Aída Leticia León, nueva titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Quintana Roo, y hasta hace dos meses Directora Jurídica del Congreso de Yucatán, está cuestionada por su falta de residencia (lo que aún no aclara) pero no por su perfil y desempeño profesional.
En esta travesía aún no está cerrado el puerto a la navegación, por lo pronto se anunció una protesta de los profesionistas en el marco del 43 aniversario de la Conversión de Quintana Roo de Territorio a Estado, el próximo domingo 8 de octubre. Y en el río revuelto, ganancia del grupo felixista-borgista.
La Ley “Borge” en relación a la protección de Periodistas y activistas de Derechos Humanos, fue la gota que derramó el vaso para la crisis política legislativa, la división no sólo alcanza al gremio periodístico, a los diputados ídem; ante la Iniciativa de la panista Eugenia Solís Salazar para evitar su abrogación (lo que solicitó el gobernador Carlos Joaquín González), se recrudecieron las posiciones encontradas por lo albazo de la diputada. De nada sirvieron los foros de consulta y el cabildeo. Al fin y al cabo, una Ley muerta que dará origen a otra muerta.
Más la natural desestabilización de las fracciones partidistas por las elecciones venideras del 2018, la Décimo Quinta Legislatura navega de la gobernabilidad a la crisis.
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