Nadie puede dudar que el respeto a los derechos humanos es una obligación que nos compete a todos: autoridades y ciudadanos per si nos referimos al sistema de justicia penal acusatorio y oral, necesariamente tendríamos que aludir a los elementos que acompañan a un sistema procesal penal respetuoso de los derechos humanos, donde una de sus partes fundamentales que lo componen es el acceso a la justicia establecido en el 17° constitucional donde ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma, ni ejercer la violencia para reclamar su derecho, ya que todos tenemos derecho a que se nos administre justicia por tribunales expeditos donde la articulación se encuentra en la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuya principal articulación es argumentativa donde se debe demostrar que dicho acceso no puede ser respetado íntegramente sino se cuenta con todos los elementos que lo componen.
El acceso a la justicia es sin duda un derecho fundamental con una naturaleza muy particular y no vale más que otros derechos, y si constituye un medio “El medio” de protección de los mismos para salvaguardarlos de cualquier acto de cualquier autoridad que de alguna manera los afecte.
A pesar de diversas reformas recientes en materia de justicia y derechos humanos, la corrupción e impunidad en México y sobretodo en Quintana Roo, han sido los principales enemigos del acceso a la justicia, llevando al estado a una peligrosa erosión de la confianza ciudadana en las instancias responsables de procurarla e impartirla, y con las nefastas consecuencias que esto tiene en la construcción de la legitimidad democrática de las instituciones. Al igual la poca eficiencia del sistema de procuración de justicia, así como la falta de independencia de gran parte del poder judicial de Qroo. han puesto en entredicho la capacidad del Estado de atender una problemática que, si bien ha sido histórica, se ha visto agravada en el actual contexto de inseguridad y violencia por el que atraviesa la entidad ya que la prevalencia de figuras que han obstaculizado el acceso a la justicia, han favorecido a violaciones a los derechos humanos – tales como la persistencia del uso de la “tortura” como medio para obtener pruebas y confesiones que impiden que la justicia nuestra sea pronta, expedita y de conformidad con estándares internacionales.
Esperemos que el actual gobierno desarrolle estrategias de seguridad pública donde no se facilite e incentive más el uso de la tortura como método de investigación, ya que con el nuevo Sistema de Justicia penal tiene un aliado para que el sistema de procuración y administración de justicia sea más eficaz en investigar y sancionar estos hechos y donde la impunidad deje ser regla común.
