El poder político no es ajeno a la deficiente fuerza de seguridad que tienen algunos municipios como el de Solidaridad. La política y, por ende, los políticos, siempre están dispuesto a pagar viejas cuentas clientelares facilitando el ingreso de quienes los ayudan en tiempos electorales. Y, en el caso de las corporaciones de seguridad, pactan acuerdos corporativos como dar vía libre al manejo autónomo del control de los estamentos a cambio de hacer sus negocios con discreción.
Pero algo se desmadró por el camino: el “clima de negocios” que se manejaba verticalmente colapsó cuando se hace horizontal y todos y cada uno se los elementos policiales se consideran autorizados a manejarse con total libertad e impunidad.
Una muestra de esto se ha visto en la agresión brutal por una aparentemente, falta menor de tránsito, al tratar de sobrepasar a una camioneta policial con el activista social y amigo Lenin Amaro Bantacourt, de reconocida militancia social en el Estado.
Nos solidarizamos ante la agresión y vejación sufrida lo que sin lugar a duda, hace de Playa del Carmen un lugar inseguro para los ciudadanos y, exigimos que tanto gobierno estatal como municipal investigue de manera profesional y profunda si, el maltrato y vejación de la que fue objeto el ex legislador estatal Lenin Amaro no fue inducida.
Paralelamente, urge una severa depuración de la fuerza. La ciudadanía y los destinos turísticos de clase mundial del Caribe Mexicano, requieren de una policía profesional, capacitada y entrenada, que persiga delincuentes y no ha ciudadanos de bien.
Hace falta una modernización que permita poner en servicio a quienes hoy sólo tramitan papeleo diverso y se creen “intocables”, sin olvidar que el problema no es el número sino la calidad. Con esto hago un llamado a las autoridades políticas de una mayor exigencia a la hora del ingreso y estándares de capacitación que produzcan agentes del orden y no miembros de la corporación sospechosos y armados.
Se debe dejar de proveer uniforme, placa y pistola a quienes ofenden, humillan a ciudadanos trabajadores y de bien, para lo cual el gobierno de turno, responsable absoluto, debe hacerse cargo de sus responsabilidades.
