La diputada Eugenia Solís provocó el profundo rechazo del gremio periodístico, al presentar el pasado lunes una iniciativa de ley que pretende “revivir” la ley de protección a periodistas y defensores de los derechos humanos, mejor conocida como “Ley Borge”.
La legisladora de extracción panista inexplicablemente y pese al rechazo del gremio propuso una iniciativa de decreto por la que se modifican y adicionan artículos a la ley ya existente, ignorando la voz de los periodistas que pedían que la ley fuese abrogada.
Es más, desde mayo pasado el gobernador Carlos Joaquín González envió al Congreso una iniciativa para abrogar, argumentando justamente el amplio rechazo de la misma y que el anterior gobierno no realizó ninguna acción para su aplicación, ni elaboró su reglamento, ni instaló su junta de gobierno o convocó a la elección del consejo consultivo.
Hay varios puntos del documento propuesto por Eugenia Solís que vale la pena resaltar, primeramente el que la junta de gobierno sesionará cada tres meses; es decir, si tienes una agresión hoy la junta de gobierno examinará tu caso hasta tres meses después de ocurrido?
Las medidas preventivas no contemplan extracciones y tampoco describen a fondo el tipo de acompañamientos, y tampoco hablan de las características que puedan tener los elementos que las harían, una gran laguna en esta ley.
Establece que dos instancias podrán suspender las medidas preventivas: la Junta de Gobierno y la Fiscalía Investigadora, sin especificar bajo qué criterios operaría cada una.
El fondo de apoyo será integrado por un fideicomiso que estará compuesto por el 5% del presupuesto de Comunicación Social (unos cuantos millones de pesos) y las aportaciones voluntarias que decidan hacer los periodistas; tampoco se desglosa en qué y cómo se gastarán ni quién lo decide.
Otro detalle importante es que el gremio periodístico, que se supone es a quien beneficiará esta ley sólo contará con un representante en la junta de gobierno, los demás serán funcionarios estatales.
Lo que más indigna es que con esta iniciativa de ley se demuestra que no fueron tomadas en cuenta las aportaciones de los periodistas en los foros que se realizaron al respecto, que por cierto fueron pocos y mal organizados. Estos no se realizaron en todos los municipios del estado, como era la propuesta de los comunicadores, y por lo mismo muchos de ellos no participaron.
La demanda generalizada era abrogar la ley, pero al parecer para la diputada Solís los foros solo fueron una simulación, pues no escuchó la voz del gremio periodístico y pretende imponer esta ley Borge “recargada”.
