Mientras los aspirantes a una candidatura presidencial independiente culpan de sus desventuras a la aplicación cibernética del Instituto Nacional Electoral, y buscan y rebuscan las causas reales de su magra cosecha de apoyos, en Jalisco, Sinaloa y Chiapas avanzan, respectivamente, Pedro Kumamoto, con 20.4% de las firmas requeridas; Manuel Clouthier, con el 18.3% y Pablo Salazar Mendiguchía con 16.1%.
En el rubro de los buscadores de una diputación federal hay casos sobresalientes, como el de Ángel Alberto Barroso Correa, quien en el distrito 8 de Nuevo León ya lleva el 84% de las firmas que le son necesarias; Iván Antonio Pérez Ruiz, del distrito 3 de Chihuahua, quien ha conseguido el 80% y Antonio Illescas Marín, del 4 de Veracruz, quien ya acumuló un 73.1%. En este rubro de los aspirantes independientes a una curul, hay 48 personas que, en el peor de los casos, han recabado un 20% de apoyos.
Salvo en el caso de María de Jesús Patricio Martínez, Mari Chuy, cuya base de apoyo organizado está en las zonas indígenas y populares, con difícil acceso a la tecnología aplicada por el INE para conseguir esos apoyos, el resto de los aspirantes a candidaturas presidenciales independientes podría asomarse a los casos de éxito de otros buscadores de firmas para postulaciones por fuera de partidos. Con estructuras de apoyo aceitadas con recursos abundantes, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón llevaban, al corte del INE correspondiente a este lunes, avances del 8.4% y el 7.5%, respectivamente (Mari Chuy, 2.6%, y Armando Ríos Píter y Pedro Ferriz de Con no llegan al 2%).
De mantenerse las tendencias de captación de apoyos para Zavala, Rodríguez Calderón y Mari Chuy, sería imposible que llegarán a la meta de 866,593 firmas de respaldo, las cuales, además, deberán ser validadas por las autoridades electorales, en un proceso que seguramente significará mermas. Rodríguez Calderón puede, sin problema, darse por vencido y regresar a mal gobernar Nuevo León. Pero Zavala es una pieza que el sistema necesita para las estrategias de división del voto opositor y, si José Antonio Meade es el candidato priista, para terminar “reconociendo” el triunfo de éste.
En ese esquema de necesidad política, podría darse una cargada de apoyos, promovidos o suministrados por instancias nada independientes, para inflar aún más la aspiración felimargarista que, de prosperar, sería cantada épicamente como una “hazaña ciudadana”. Pero será muy difícil cambiar una realidad numérica que hoy muestra a Margarita y a “El Bronco” carentes de una verdadera base social entusiasta y participativa.
El compendio y análisis realizados por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas confirma lo que con insistencia y persistencia se ha señalado en Coahuila y Veracruz, respecto al desbordado poder de los grupos del crimen organizado (en específico, los Zetas) y la sujeción de los gobernantes y las instituciones, en particular durante las administraciones encabezadas por Fidel Herrera, quien a su vez dejó como heredero de la continuidad criminal a Javier Duarte de Ochoa, y por Humberto Moreira, a quien sustituyó como gobernador (luego de un paréntesis de titeretada encabezado por un interino, Jorge Torres) su hermano Rubén, quien a su vez ha impulsado para su sucesión a Miguel Ángel Riquelme, aún en litigio la muy sucia “elección” realizada en junio pasado.
El estudio realizado por la universidad estadunidense tiene como base las declaraciones, en tres juicios federales del vecino país, de una veintena de testigos en procesos contra miembros de los Zetas. Los testimonios, que no necesariamente son veraces ni constituyen por sí mismos una prueba judicial definitiva, son coincidentes, en términos generales, y dibujan las redes de complicidades que colocaron los aparatos gubernamentales de Veracruz y Coahuila (el análisis de los universitarios texanos se centra en la entidad norteña), pero también las delegaciones o ramificaciones de las administraciones de los gobiernos federales de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y empresas clave, como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, al servicio del terrorífico grupo de los Zetas. Ese diagnóstico coincide, además, con lo vivido y denunciado en su momento por habitantes de esos estados, donde se hablaba en tono de verdad absoluta respecto a la “venta” de las plazas locales al mencionado cártel, escindido del que a su vez se denominaba Del Golfo.
Pero, a pesar del disparatado crecimiento de la deuda pública de Coahuila durante su administración, y del muy mencionado factor del narcotráfico extendido en toda la entidad, Humberto Moreira ha disfrutado de una protección del más alto nivel, que fue visible en las maniobras diplomáticas ordenadas por Los Pinos luego que el exgobernador fue detenido en España, en enero de 2016, a cuenta de un expediente que luego se difuminó de manera sinuosa.
A fin de cuentas, Rubén Moreira ha manejado los hilos de la política coahuilense a favor de un tercer lapso moreirista, con el expresidente municipal de Torreón, Miguel Ángel Riquelme, como candidato que formalmente ha ganado los comicios pero aún es impugnado, a menos de un mes de que deba tomar posesión, por los indicios de gastos de campaña por encima de lo autorizado.
El veracruzano Fidel Herrera también ha recibido un trato político excepcional. Peña Nieto sólo pudo acomodarlo como cónsul de México en Barcelona, rebajando el estatus de “consulado general” a “consulado de carrera”, para eludir la aduana del Senado. A su llegada a Barcelona, el exgobernador fue mencionado en medios de comunicación como un político mexicano relacionado con el narcotráfico. En enero del presente año dejó ese consulado, entre acusaciones de conductas delictivas que en su contra se hicieron desde el Veracruz gobernado por el panista Miguel Ángel Yunes. Herrera dijo, con aire retador, que dejaba el puesto diplomático para emprender una amplia y abierta defensa de su caso, lo que hasta ahora no ha sucedido. ¡Hasta mañana!
