El destino de los mil 40 millones de pesos que pagó la empresa Aguakan a la pasada administración estatal, encabezada por Roberto Borge Ángulo, es una de las líneas de investigación que tienen las autoridades federales en contra del exmandatario, quien es señalado por su probable responsabilidad en la comisión del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Esto se debe a que los recursos millonarios que brindó la empresa Desarrolladores Hidráulicos de Cancún (DHC), razón social de Aguakán, actualmente bajo el mando de Jorge Ballesteros Zavala, no ingresaron a las arcas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) de Quintana Roo, según consta en las auditorias que se hicieron.
La actual administración estatal busca recuperar el recurso que la concesionaria Aguakan le brindó a Borge Angulo para ampliar su concesión, que vencía en 2023 a 2053, es decir 30 años más y este señalamiento sería una “daga” más a la complicada situación jurídica del exgobernador.
CÓMPLICES
Sergio Bolio Rosado, exdiputado panista de la pasada legislatura, acusó a muchos de sus excompañeros congresistas, principalmente del PRI, PVEM y Panal, de ser cómplices en el robo que se le hizo a los ciudadanos de los municipios de Isla Mujeres, Cancún y Solidaridad, ya que fueron quienes aprobaron a sabiendas que la ampliación de la concesión a Aguakán era irregular.
“Es lamentable la situación, pero la característica y el sello de la administración anterior fue la opacidad y falta de transparencia, nunca se nos dio la información completa para poder dictaminar y tomar una decisión respecto a la concesionaria del agua potable”, aseveró.
Bolio Rosado dijo que muchos de esos exdiputados son hoy alcaldes de sus municipios y que la cara de vergüenza se les debería caer, por haber traicionado la confianza de su gente.
Afirmó que las autoridades tienen que investigar el paradero de esos mil 40 millones de pesos que se le entregó a CAPA, pero que curiosamente nunca fueron ingresados, y detener a los implicados.
AMPAROS
Con la renovación de la concesión, la empresa Aguakan elevó sus tarifas y comenzaron los abusos en los cobros, recargos y multas, situación que generó que diversas agrupaciones ciudadanas y políticas comenzaran a tramitar amparos.
Esquivel Cruz González, secretario de Movimientos Sociales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dio a conocer en su momento que metieron al menos 50 amparos por los altos cobros y por cortes ilegales al suministro que aplica la empresa.
En su oportunidad explicó que el recurso judicial también impugna a la Ley estatal de Cuotas y Tarifas para los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado, la cual fue reformada en el 2013 durante el gobierno de Borge Angulo, para permitir a la empresa cobrar una tarifa mínima al usuario incluso cuando éste haya sido desconectado de la red de suministro por falta de pago. (Renán Moguel/Quintana Roo)
