PLAYA DEL CARMEN,Quintana Roo.-La presidenta municipal de Solidaridad, Cristina Torres Gómez, comentó en entrevista que espera sean ejecutadas a la brevedad las órdenes de aprehensión que la Procuraduría General de la República (PGR) giró en contra de ex funcionarios municipales, presuntamente responsables de un desfalco por más de 400 millones de pesos de recursos federales, de los cuales, 47 millones se encuentran desaparecidos.
Esto derivado de la denuncia presentada la semana pasada ante esta instancia, a la cual se le otorgaron pruebas documentales de todo este proceso según relató en su momento. Todas las acusaciones han sido debidamente probadas producto de las auditorías realizadas a la pasada administración y serán las autoridades que procuran justicia quienes tomen las decisiones pertinentes.
Al ser cuestionada sobre el alcance que podría tener esta “desaparición” de fondos federales en cuanto a detención de exfuncionarios comentó que el Ayuntamiento ha presentado las pruebas y será la autoridad federal quien decida a quien investigar y aprehender en su caso.
Las pruebas incluyen estados financieros y “las propias periciales que estamos presentando ya como elemento de prueba”, aunque continúan las auditorías para conocer “la ruta del dinero”, particularmente en áreas como Tesorería y Egresos, así como en áreas de nivel de decisión.
Con ésta, suman cuatro las denuncias que el Ayuntamiento de Solidaridad ha presentado: tres en la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo por ser del ámbito de competencia del fuero común y una ante la PGR por ser ejercicio indebido de recursos públicos federales, es decir, un delito del fuero federal.
“Al seguir la ruta del dinero por parte de las auditorías internas que tuvimos, no se encontró en qué se aplicaron, no hay comprobación de esos recursos que estaban etiquetados a diversos ramos. Fueron sustraídos de las cuentas sin tener comprobantes de cómo se ejercieron”, señaló Cristina Torres al momento de interponer la denuncia.
Auditorías rinden frutos
La denuncia presentada el lunes pasado fue ante el Ministerio Público del Fuero Federal por uso ilícito de atribuciones y facultades de quienes resulten responsables, confirmó el síndico municipal Juan Carlos Beristain, quien también comentó que es en base al trabajo de auditoría que ha realizado la Comuna el motivo por el cual se han otorgado estas órdenes de aprehensión que buscan principalmente resarcir el daño patrimonial que se le causó al municipio, el cual tuvo que iniciar operaciones en números rojos debido a estos hechos.
Fuentes dignas de crédito confirmaron al Quintana Roo Hoy que ya existen equipos en el terreno tratando de ubicar a estos personajes, pero no se ha registrado actividad en los domicilios conocidos del ex presidente y ex tesorero. (Gerardo González/Quintana Roo Hoy)
